Desde el 2022, se desata un complejo combate legal que pone en alerta a JZ En todo el mundo, un coloso del capital riesgo estadounidense, gracias a las acciones de sus dos administradores en España y líderes de Gedesco Finance. Esta disputa se acentúa con una querella presentada en Valencia contra cinco directivos y sus entidades personales, acusándoles de crear una composición societaria destinada a adquirir el control en en torno a veinte compañías empleando indebidamente los elementos de Gedesco, de la que JZI posee un 6733%,, sin su autorización.

Los implicados en la querella son Miguel Rueda y Ole Groth, gestores de europa de JZI; Antonio Aynat, principal creador y CEO de Gedesco, al lado de su entidad Venalta Capital; Javier García Escrivá, asimismo principal creador y gestor en Gedesco, y su patrimonial Ahthophilia Capital; y José Luis Villafranca, el responsable de las finanzas y contabilidad en Gedesco. Se les acusa de desviar 100 millones de euros para invertir en, al menos, 19 compañías, cometiendo presuntos delitos que van desde la estafa hasta la falsedad contable.

El origen de estas tensiones se remonta a 2007 cuando JZI adquirió una participación mayoritaria en Gedesco. Sin embargo, el conflicto empieza a formarse en 2016, instante en el cual los creadores de Gedesco exploran la venta de su participación en la compañía a JZI, sin llegar a cerrar una negociación formal. Desde entonces, se manifiesta que se hizo un empleo indebido de los recursos de Gedesco para detectar y capitalizar oportunidades de inversión por medio Sugerencias adicionales de una estructura llamada 'Trama Stator', constituida por los 4 directivos denunciados y operada mediante una red de doce filiales.

Esta estructura pretendía esconder la verdadera propiedad de las inversiones, con figuras como Máximo Buch, exconseller de Economía de la Generalitat Valenciana, y su socio Ernesto Bernia, figurando como gestores nominales hasta el momento en que se desligan tras salir a la luz las irregularidades.

La detección de estas anomalías por la parte de JZI, que incluían operaciones financieras sospechosas y domicilios de sociedades coincidentes, desencadenó una secuencia de solicitudes judiciales en 2022, incluyendo una querella en Novedosa York contra Rueda y Groth, seguida de múltiples acciones legales contra el fondo, en un lapso de menos de dos meses.

Este ámbito legal sigue desarrollándose, con recientes resoluciones judiciales como la suspensión de las afirmaciones de los fundadores de JZI por carecer de rastros delictivos, mientras se desvelan más capas de un conflicto que destaca la complejidad de las operaciones financieras transnacionales y las discusiones entre inversores y administradores en el ámbito del capital riesgo..